Usan Twitter para burlar ley sobre el control de medios en el Reino Unido

Parte de la red social Twitter sufrió un colapso el domingo cuando un usuario abrió una cuenta en la que se divulgaron nombres de celebridades británicas que supuestamente han intentado bloquear la publicación de detalles sobre sus vidas privadas.

Recientemente, en el Reino Unido ha habido un intenso debate en torno al alto número de personalidades que han obtenido órdenes judiciales extraordinarias para controlar lo que la prensa puede publicar sobre ellas.
Menos de 24 horas después de que la cuenta se abrió, más de 30.000 personas se vincularon para seguir la información. Muchas de éstas, a su vez, republicaron los datos en sus propias cuentas y muy pronto se creó una lista de nombres de reconocidas personalidades que han utilizado medios legales para amordazar a la prensa.
En teoría, el medio que violara la orden sería sometido a multas o cárcel, pero no está muy claro cómo se sancionaría en las redes sociales.
Simpatizantes de la ley alegan que es crucial para proteger la privacidad de las personas.

"Una dirección IP no es una persona"

Fallo estadounidense podría sentar un importante precedente para la detección y castigo de piratas.

Según el juez de distrito Harold Baker, de Illinois, es dudoso que una dirección IP pueda ser usada como prueba fehaciente en un tribunal de justicia. A juicio del magistrado, los margenes de duda son demasiado grandes como para iniciar acciones judiciales contra personas, con base en direcciones IP.

En su fallo, el juez Baker presenta precedentes legales en que, por ejemplo, la industria discográfica ha cometido graves errores, como por ejemplo demandar a abuelas que nunca en sus vidas se habían sentado frente a un PC,  o niños que debido a su edad no pueden ser enjuiciados (ver RIAA se querella contra niña de 12 años y La industria cinematográfica acusa a impresoras de piratería).

Una dirección IP identifica un PC o una unidad de hardware que, conectada a una red, puede ser usada por varias personas. Por lo tanto, no es seguro que la persona registrada como propietaria del artefacto sea quien ha descargado material ilegal, ya sea películas o música pirateada, pornografía infantil, programas, etc.

A menos que el fallo sea revocado por una instancia judicial superior, podría sentarse un precedente legal que anularía el procedimiento muy utilizado en Estados Unidos, en que los demandantes envían cartas intimidatorias que básicamente dicen "pague o lo demandamos". Solo en 2010, más de 100.000 estadounidenses recibieron cartas de ese tipo en sus buzones. La mayoría optó por pagar la multa y así evitar un costoso juicio que podría reportarles un gasto aún mayor.

En la causa en cuestión, el juez desestimó un requerimiento presentado por VPR Internationale, empresa canadiense de entretenimiento para adultos, mediante el cual intentaba obligar a proveedores de conexión a Internet a entregarle las identidades de personas que, a su entender, habían descargado ilegalmente sus películas. Según el juez, especialmente al tratarse de material audiovisual para adultos, el tema de las direcciones IP podría obstruir "la causa de la justicia".

Fuente: http://www.diarioti.com